Por estos días en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario se están discutiendo como temas centrales de la agenda pública asuntos de gran interés para el conjunto de la sociedad.

Sin lugar a dudas, los anuncios de incremento tarifario para los servicios que provee Aguas Santafesinas SA (Assa) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE) por un lado; y los reclamos vecinales por las inundaciones de fin del año pasado por el otro, determinaron en gran medida los últimos hechos de carácter político y social a nivel de los estamentos de gobierno y como temas de análisis y movilización desde la comunidad organizada.

La provisión de agua potable, desagües cloacales y energía eléctrica es una obligación ineludible para el Estado provincial, y la protección contra inundaciones en las zonas afectadas en Rosario, también debemos considerarla como una responsabilidad de todos los niveles, pero en especial, del gobierno municipal. Y la verdad que esta trilogía de temas, agua, electricidad y asuntos hídricos, se vincula de manera determinante en el establecimiento de prioridades y la programación de políticas públicas.

Pero ahora bien… los servicios brindados por la EPE y por Assa están a cargo del Estado provincial, y es a este nivel de gobierno a quien debemos exigirle que nos diga, como usuarios y contribuyentes santafesinos, si consideran al agua p
otable y a la electricidad como servicios públicos esenciales que deben ser prioridad de Estado. Y también a la Municipalidad de Rosario, donde ocurrieron las últimas inundaciones que hoy ponen en discusión a todo el arco político rosarino, si es una prioridad para sus autoridades establecer una política de saneamiento a nivel hídrico que permita proteger a sus ciudadanos de las inclemencias del tiempo.

Como usuario, vecino y contribuyente de Rosario, y como representante de una asociación de usuarios y consumidores que ha patrocinado reclamos colectivos en estos temas, solicito a las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe, en especial a nuestro gobernador, Antonio Bonfatti, que nos informe a los ciudadanos si considera que es oportuno, justo y sincero el incremento de tarifas de agua y electricidad que anunciaron hace 15 días funcionarios que tiene a su cargo. También como rosarino le solicito a la intendenta Mónica Fein que manifieste públicamente si quiere defender a sus conciudadanos asumiendo la responsabilidad que le compete como jefa de la ciudad sobre el tema hídrico en la cuenca del L
udueña, lo cual afecta a gran parte de la zona oeste de Rosario.
En definitiva, lo que estoy tratando de plantear desde distintos lugares, es si quienes hoy nos gobiernan coinciden con los gobernados sobre cuáles son los temas que más nos deben ocupar, y cuáles son los servicios públicos que más se deben reforzar con los presupuestos públicos. Me parece que en ambos casos la agenda "se está corriendo". Y lo que digo tiene sus argumentos. Esto se puede observar en los números.

En el caso de Aguas Santafesinas SA, la empresa ha venido aumentando sus tarifas, a la par de la desinversión por parte del Estado provincial. En el año 2011 Assa recaudó $215 millones, y el gobierno provincial le transfirió $303 millones. En el año 2012, los recursos propios ascendieron a $394 millones (82 por ciento aumento promedio usuarios residenciales), y recibió transferencias por $200 millones (datos provistos por el Enress). Aquí está clara la intención de "dejar sola" a la prestadora de agua y saneamiento que atiende a 15 localidades y 2 millones de santafesinos.

En lo que hace a la EPE, la empresa tiene un panorama similar, aunque con su recaudación alcanza a cubrir su operación e invierte una pequeña porción. Por ejemplo en 2008 el presupuesto era de $1.100 millones e invertía $100 millones (alrededor del 10 por ciento), y en 2013 la EPE tiene un presupuesto de $5.000 millones y la inversión que el gobierno programa es de $340 millones, es decir el 6,5 por ciento (según un informe del diputado del PJ Héctor Acuña).

Y en lo que hace a la política hídrica a nivel de Rosario, fueron muy claros algunos dirigentes de la ciudad, como los concejales Héctor Cavallero y Diego Giuliano, quienes plantearon posiciones y propuestas, que a mi entender, van en el sentido correcto. En el caso de Cavallero, el ex intendente reclamó por las obras del arroyo Ludueña que faltan para garantizar mayor seguridad a la zona oeste de Rosario, lo cual es solución, además de exigir al gobierno provincial que aplique los fondos que estaban previstos para esta zona, y luego fueron reasignados para otros fines. Y en el caso de Giuliano, ya desde el punto de vista situacional, también considero que es oportuna la idea de generar mecanismos de resarcimiento y atención a los damnificados de manera permanente, como un Fondo Municipal al respecto, y también generar sistemas pensados a futuro para evacuación de las aguas excedentes a nivel de desagües pluviales.

En definitiva, tomo propuestas, informes y declaraciones de legisladores, obviamente todos de la oposición, puesto que del oficialismo no contamos con información.

Ahora bien… como para concluir. Hago una pregunta general: ¿coincidimos todos cuáles son las prioridades para Santa Fe y Rosario? ¿La agenda pública de hoy, la coyuntural que se mezcla con la estructural, tiene eco en los funcionarios que nos deben dar la respuesta de política pública? A mi parecer, la respuesta es negativa.

Considero que para Antonio Bonfatti y Mónica Fein no es prioridad en estos momentos brindar mejores servicios de agua y electricidad a los santafesinos y rosarinos y proteger contra las inundaciones a los habitantes de nuestra querida ciudad. Es sólo una opinión. 

Fuente: La Capital